PARO DE COLECTIVOS POR TIEMPO INDETERMINADO.
El paro por tiempo indeterminado que se había iniciado, este lunes por la tarde, en la línea 562 con el pretexto de la no percepción del aumento escalonado del 30 por ciento que se había negociado a mediados de septiembre, se extendió con el correr de las horas a las restantes líneas.
El conflicto se encuadra en el contexto de las presiones empresariales para incrementar el boleto plano de los $35.24 actuales a $69.14, y la notificación al Concejo Deliberante por parte de la CAMETAP sobre el pedido formulado al intendente Guillermo Montenegro, a fin de que éste – con el aval del Cuerpo Deliberativo – prorrogó por el termino de 3 años el contrato de concesión del servicio de colectivos.
La maniobra siembra suspicacias sobre la morosidad con la cual el propio gobierno de Montenegro elevó el pliego de bases y condiciones para licitar el servicio de colectivos, lo cual plantea un escenario donde los tiempos estrechos para el tratamiento del expediente en el Concejo Deliberante deriven en la prórroga del contrato de concesión del servicio, que pretende la corporación presidida por Juan María Inza Decaux, quien prácticamente monopoliza el sistema de colectivos de la ciudad.
Cabe traer a colación que, hace una semana, el Juzgado Federal de Mar del Plata Nº3 dispuso la elevación a juicio oral de la causa de los choferes fantasmas que se les sigue a Inza Decaux, y a los empresarios del transporte Carlos Málaga , Juan María Inza Irisarri , Diego Hernán Basílico y Federico Pomero , imputados como coautores del delito de «defraudación a la administración pública»
También se solicitó el resarcimiento por el perjuicio ocasionado a los trabajadores y sus familias con esta maniobra, la devolución de los subsidios percibidos irregularmente, «por 16.209.680,47 pesos», para supuestos servicios de refuerzo durante la temporada de verano 2016, a través de contrataciones falsas de 357 choferes de micros, quienes en su mayoría eran desocupados y habían dejado currículums en las empresas. Y que dichos fondos sean destinados a mejorar la calidad del servicio transporte público en beneficio de los usuarios.
Además, se dispuso la apertura de una etapa de investigación sobre la responsabilidad penal de miembros de la UTA y de los funcionarios municipales, provinciales y nacionales de turno, que intervinieron facilitando el pago de los subsidios en forma ilegal.
