“Según la última actualización de las estadísticas oficiales, que se hizo en el año 2016, el 65 % de la población penitenciaria bonaerense, pertenece a la franja etérea de 18 a 34 años, y si bien el 96, 34% son hombres, en los últimos años, ha crecido mucho la situación de privación de la libertad de mujeres en razón de la persecución de los delitos por droga”, señaló la abogada Lucia Ivorra, integrante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas ( IPYPP).
En el marco de una Jornada de Trabajo realizada este viernes en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante de General Pueyrredón donde, bajo la coordinación de la edil de Unidad Ciudadana Verónica Lagos, se analizaron las dificultades de inserción laboral de las personas liberadas, la Dra Ivorra resaltó:
“La ley de ejecución penal, tanto nacional como provincial, establece la resocialización como el fin de la pena, pero nosotros preferimos hablar de inserción laboral del liberado porque la gran mayoría de las personas que están privadas de su libertad nunca estuvieron incluidas”
Acto seguido, subrayó que “al recuperar la libertad la gran mayoría no logra sostener un proyecto de vida o insertarse en la vida social como consecuencia de muchos obstáculos, ya sea por el nulo diseño de políticas públicas como por una cuestión cultural porque existen muchos prejuicios. Lo cual genera que las personas que egresan del servicio penitenciario casi tengan como única posibilidad reincidir en el delito ya que no pueden acceder ni siquiera a un trabajo informal”.
Refirió además que “no existe un registro público que permita conocer información local vinculada a la población privada de la libertad ambulatoria ni tampoco relacionada al colectivo de liberados, es por ello que debemos remitirnos a los datos arrojados en la provincia de Buenos Aires. Estos datos, entre otras problemáticas, reflejaron que el 52% de las personas privadas de la libertad no tenían oficio, el 46% estaban desocupados y el 35% eran trabajadores de tiempo parcial, es decir que el 81% no tenía un trabajo formal. Y si nos referimos al nivel de instrucción, hallamos que un 68 % de las personas no lograron iniciar el secundario”.
La Dra Ivorra remarcó también que “la mayoría de quienes pueblan las cárceles bonaerenses son menores de 35 años que cometieron delitos contra la propiedad, pertenecen a los sectores más vulnerables, y sobre esas personas creemos que hay que trabajar”. Agregando: “El hecho que las estadísticas referidas no mantengan actualización y no puedan desagregarse los datos locales contribuye a que no puedan diseñarse políticas públicas y demuestra la falta de interés del Estado en este colectivo”.
“Las personas que ingresan al sistema penal – prosiguió – pertenecen en su mayoría a sectores sociales altamente vulnerados y el nivel de vulnerabilidad se potencia al transitar el encierro. Por ello garantizar el acceso al empleo a quienes recuperan su libertad resulta fundamental a los efectos de poder construir un proyecto de vida a los mismos. Y esta tarea debe abordarse interinstitucionalmente. Por eso consideramos de suma relevancia la constitución de una mesa de trabajo”.
“Urge fomentar la concientización social y empresarial sobre esta problemática y acordar beneficios impositivos importantes para alentar a las empresas a que también abran sus puertas a fin de generar trabajo para los liberados”, concluyó la especialista.
Informe y Video: Roberto Latino Rodríguez
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