Una vez más, en esta ocasión en relación al corte de tránsito que llevan adelante movimientos sociales, cuyas demandas no han sido atendidas oportunamente por el intendente Guillermo Montenegro, el jefe comunal recurre a la presentación de una denuncia penal ante la Estación de Policía Departamental, como también lo hizo en ocasión del último boletazo, cuando dichos movimientos expresaron su oposición.
En esta oportunidad la denuncia penal se fundamenta en que los hechos encuadrarían “prima facie” en la figura penal descripta por el artículo 194 del Código Penal de la Nación, que manifiesta que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
Asimismo, desde el Municipio se remarcó que el encuadre radica en el hecho de que este delito pone en peligro “el orden social, la seguridad del tránsito y de los medios de transporte, como asimismo vulnera los sentimientos de seguridad y tranquilidad indispensables para el libre y completo desarrollo de las actividades humanas”.
