Este lunes, la comisión de Legislación retomó la problemática de la Zona Roja, que afecta a los vecinos de los barrios Sarmiento, Don Bosco y Los Andes. En ese marco, la edil del Frente de Todos, Sol de la Torre, insistió con un nuevo proyecto de ordenanza, que busca “garantizar una convivencia democrática y respetuosa de los distintos proyectos de vida, siempre y cuando no representen delitos o contravenciones”, pero descarta la posibilidad de aplicar multas y sanciones, con arrestos de entre 5 y 30 días, a quienes incumplan con los lugares habilitados para ejercer la prostitución, como había propuesto el Ejecutivo.
“Hay una población importante de mujeres y de personas travestis-trans que no cuentan con posibilidades laborales y están en situación de prostitución. Es un esfuerzo muy grande condensar tanta diversidad”, sostuvo la autora de la nueva iniciativa legislativa que, en líneas generales, más allá de enunciar como objetivos “reducir los niveles de violencia en la vía pública”, incluyendo la prevención de la violencia institucional, y la erradicación de los delitos que se dan en la Zona Roja, vuelve a cargar las tintas en la vulnerabilidad del colectivo trans, que ejerce la prostitución, y en la necesidad de contención y asistencia del mismo.
El “Programa de zonas seguras de protección integral” propuesto reúne un articulado que designa a la Secretaría de Seguridad como autoridad de aplicación, la cual deberá establecer con quienes ejercen la prostitución “las condiciones que hagan al desarrollo de la actividad de forma segura”. Se fija un plazo de 45 días corridos desde la sanción de la ordenanza para la “recepción de solicitudes o la realización de reuniones para determinar los lugares, días y horarios en los que se desarrolle la actividad”, con la condición de que la misma “no se podrá hacer en lugares con frentistas con residencia domiciliaria”.
También, se dispone que quienes sean parte del desarrollo del programa deberán ser capacitados en género y diversidad. Y se incluyen tres proyectos como anexos. En primer lugar, el programa Reparar, que apunta a promover “políticas públicas integrales y focalizadas para garantizar el acceso a derechos humanos de personas trans” en el Municipio, para lo cual se crearía un registro del mencionado colectivo.
Además, se propone la creación del “Dispositivo de Nocturnidad Farola”, el cual tiene como objetivo asistir a quienes se encuentren en estado de vulnerabilidad y/o situación de calle, mediante dispositivos presenciales en las zonas en las cuales se ejerce la prostitución. Y, por último, incorpora la creación de un espacio mixto de participación ciudadana – impulsada por el pultismo – para la “elaboración de pautas que permitan prevenir la violencia, controlar la eficacia y transparencia de procedimientos de las instituciones del Estado, asegurando la convivencia armónica y pacífica entre los vecinos, vecinas y actividades de las denominadas zonas rojas”.
Por su parte, la concejal del interbloque gobernante, Marianela Romero sin brindar mayores precisiones aseveró que también “tenemos un proyecto que comparte las características del FdT”. Y aludiendo a la posibilidad de aplicar multas y arrestos contemplados en el proyecto elevado por el Ejecutivo que no incluye la propuesta de Sol de la Torre, Romero señaló que “hay algunas particularidades que no encontramos. Es una propuesta amplia que necesita que comparemos para ver si llegamos a un acuerdo”.
La edil radical subrayó que “es necesario que la política dé una respuesta única, que le dé herramientas al Ejecutivo para accionar cuando no es acorde a lo que el Deliberativo propone. Hemos avanzado, pero todavía nos quedan algunos lineamientos por cerrar”.
Finalmente, los ediles resolvieron dejar sendas propuestas en comisión, como aconteció hace dos meses atrás, con el objetivo de trabajar en una redacción unificada para regular la actividad de la Zona Roja en el próximo encuentro.
