Como se mencionó anteriormente, la ciudad de Buenos Aires no acepta el traspaso de las 31 líneas de colectivos por parte de la Nación. Del mismo modo, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri responsabilizó al Presidente, Javier Milei por si los conflictos económicos derivados de la quita de los subsidios al transporte y las tarifas derivan en un paro durante los próximos meses.
Vale decir que se abre cada vez la grieta entre la ciudad y Nación, en un punto que también toca a la provincia de Buenos Aires, que también se ve afectada por la quita de los subsidios al transporte.
Entre tanto, hay que hacer mención en que este es el segundo conflicto que se desata entre la ciudad y la Nación, ya que aún continúa en discusión la pelea por la Coparticipación, que debe recibir el territorio porteño, de acuerdo al fallo que dictó en diciembre del 2022 la Corte Suprema de Justicia, y que el Ejecutivo incumple desde ese período hasta la actualidad. En ese punto, la ciudad de Buenos Aires reclama una deuda de $4.8 billones.
Por otro lado, el ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartúa, le envió una carta al ministerio de Economía, Luis Caputo, para manifestarle que los colectivos tienen jurisdicción nacional, que tiene su “exclusivo cargo las compensaciones tarifarias y subsidios, y el normal funcionamiento de las unidades”.
Del mismo modo, el funcionario también recordó que tiene bajo su órbita la regulación, incluyendo las tarifas, los mecanismos de control y fiscalización y el establecimiento de recorridos, frecuencias y horarios, entre otras competencias que la Nación no transfirió a la ciudad de Buenos Aires, por la falta de un acta de acuerdo, en la que se trabaja desde el año 2018.
La carta que envió la ciudad de Buenos Aires al ministro de Economía, Luis Caputo
“Mediante la presente se informa que, en el caso de que el Estado Nacional no efectivice la parte de las compensaciones que le corresponde realizar, conforme a lo oportunamente comprometido y en el marco de la doctrina de los actos propios, corresponde hacerlo directamente responsable del conflicto que pudiese generarse con las empresas de transporte”, completa la carta que envió la ciudad de Buenos Aires al Palacio de Hacienda.
Ya con el telón de fondo, subyacen cuestiones económicas y políticas del conflicto. El sistema de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tiene unas 18.000 mil unidades, con 387 líneas y nueve millones de pasajeros todos los días.
En la actualidad, el costo reconocido por la secretaria de Transporte es de $200.000 millones por mes, de los cuáles unos $140.000 millones los aporta el Estado Nacional a través de los subsidios, y el resto los usuarios con las tarifas.
Del mismo modo, Nación aporta el 40% (cerca de $56.000 millones mensuales); la ciudad de Buenos Aires un 10% (cerca de $14.000 millones) y la provincia de Buenos Aires el 50%, con unos $70.000 millones.
Desde el Gobierno de Javier Milei informaron que la Nación continuará haciéndose cargo de la tarifa social en todo el país (descuento de un 55% en todo el país), para unos 5,3 millones de pasajeros, de aquellas líneas que cruzan al Riachuelo o la Avenida General Paz y de la Red SUBE en esos colectivos, que no pertenecen ni a la ciudad de Buenos Aires ni a la provincia de Buenos Aires.
La pelea entre Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires
Entre tanto, el Ejecutivo sostiene que a partir de septiembre, la ciudad de Buenos Aires se deberá hacer cargo de las 31 líneas, como lo hicieron todas las otras jurisdicciones desde el año 2019, con el Pacto Fiscal, así como también la provincia de Buenos Aires tendrá que aportar para el Boleto Integrado (descuentos de 50% en el segundo viaje y de 75% en el tercer viaje, dentro de las 2 horas iniciado el ciclo). En la actualidad, la ciudad aporta el 55% del costo de las 31 líneas. La diferencia serían alrededor de unos $5.000 millones por mes.
Mientras que en la provincia de Buenos Aires, el traspaso de la Red SUBE costaría alrededor de $6.000 millones por mes, aunque las fuentes oficiales sostienen que de los $70.000 millones que tenían que pagar hasta julio, ahora serán de $56.000 millones, luego del aumento de tarifas de hace algunos meses y de $62.000 millones con la transferencia del boleto integrado.
Por último, también está la cuestión política, ya que cualquier problema con el funcionamiento de los colectivos sería muy sensible para los usuarios y hace pagar al Gobierno un enorme costo, que al mismo tiempo nadie quiere asumir.
