El Juzgado de Garantías N°4 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Tapia, dictó una medida cautelar que limita el accionar de la Patrulla Municipal sobre personas en situación de calle. La decisión, tomada en el marco de un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), se basa en la evidencia de prácticas ilegales sistemáticas por parte del municipio. La CPM denunció reiteradas violaciones a los derechos humanos de personas sin hogar, incluyendo detenciones arbitrarias, maltratos y confiscación de pertenencias sin orden judicial.
prácticas ilegales sistemáticas: la denuncia de la CPM
El juez Tapia, en su resolución, reconoció la existencia de indicios suficientes para considerar que la Patrulla Municipal ha estado llevando a cabo prácticas ilegales de forma sistemática. La CPM presentó un voluminoso informe con testimonios de personas en situación de calle, fotografías y videos que documentan las denuncias. Se mencionan casos concretos de individuos que fueron detenidos sin causa justificada, retenidos por períodos prolongados y sometidos a tratos degradantes. En varios testimonios se describe la confiscación de sus escasas pertenencias, como carritos o mantas, dejando a estas personas en una situación de mayor vulnerabilidad. El informe también destaca la falta de protocolos claros y la ausencia de supervisión adecuada por parte de las autoridades municipales.
El alcance de la medida cautelar y las reacciones
La medida cautelar ordena al intendente Guillermo Montenegro limitar el accionar de la Patrulla Municipal, estableciendo protocolos claros y específicos para la interacción con personas en situación de calle. Se exige la presencia de personal capacitado en derechos humanos y la prohibición expresa de detenciones arbitrarias y confiscaciones ilegales. La resolución también insta al municipio a implementar políticas sociales integrales para abordar la problemática de la indigencia en la ciudad. Por su parte, el municipio aún no se ha expresado públicamente sobre la sentencia, aunque se espera que en los próximos días se presenten las acciones correspondientes. La decisión judicial ha sido recibida con beneplácito por organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, quienes ven en ella un paso importante para proteger los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, también se advierte la necesidad de una implementación efectiva y de un monitoreo constante para garantizar que la medida cautelar se cumpla.
Consecuencias a futuro y el desafío de las políticas sociales
Esta resolución judicial no solo sienta un precedente importante en Mar del Plata, sino que también plantea un desafío crucial para la gestión municipal en materia de políticas sociales. La problemática de la indigencia es compleja y requiere una respuesta integral que aborde sus causas estructurales. Más allá de la actuación de la Patrulla Municipal, se necesita un compromiso serio con la vivienda, la alimentación, la salud y la inclusión social de las personas en situación de calle. La decisión del juez Tapia impulsa a repensar las estrategias municipales en este sentido, buscando soluciones a largo plazo que se centren en la dignidad humana y el respeto de los derechos fundamentales. El cumplimiento de la medida judicial y la implementación de políticas sociales efectivas serán claves para evitar futuras violaciones de derechos humanos y para construir una ciudad más justa e inclusiva para todos sus habitantes. El seguimiento de esta situación y sus consecuencias a futuro será un punto clave en la agenda de Comunicar Noticias Mar del Plata.
