Febrero de 2019-La protección de la selva del Amazonas no es una prioridad para el ultraderechista presidente brasileño Jair Bolsonaro. En enero pasado, el presidente de Brasil firmó un polémico decreto que da mayores ventajas a la industria de la agricultura y la minería en territorio previamente protegido.
La ley anterior, decretada en 1965, indicaba que los propietarios de tierras en el Amazonas debían reservar 80% de la propiedad como “reserva legal”. Puedes consultarla aquí.
La nueva ley exige solamente el 50% de reserva legal, dejando en una posición vulnerable a un margen importante de tierras.
Tal como lo anunció durante su campaña, Bolsonaro firmó un decreto que traslada las decisiones territoriales de los pueblos indígenas al Ministerio de Agricultura. De acuerdo a una investigación realizada por la Universidad de São Paulo, publicada en el Nature Sustaintability Journal, si esta medida llega a implementarse, podría dejar sin protección legal entre 7 y 15 millones de hectáreas de selva.
La agencia de asuntos indígenas, FUNAI, será absorbida por un nuevo Ministerio de Familia, Mujeres y Derechos humanos, lo que dará vía libre al sector agrario para intervenir, si fuera el caso, en las decisiones sobre el Amazonas.
¿Qué se puede hacer?
Estas medidas han alertado a activistas indígenas, ecologistas y científicos. El investigador Flávio Luiz Mazzaro del KTH Royal Institute of Technology, afirma en su estudio que:
La eliminación de la protección legal no significa que automáticamente estas áreas selváticas serán taladas, pero es importante prestar atención a esto durante el actual contexto político, el cual sugiere un debilitamiento de los mecanismos para prevenir la deforestación.
El doctor Mazzaro sugiere desincentivar la deforestación alertando a los consumidores de no comprar productos que provengan de estas zonas en peligro. De esta manera se dañarían las exportaciones de Brasil, lo que a su vez podría mitigar el daño social y ambiental.
