En una práctica que dista de la transparencia, pasando por encima del Concejo Deliberante y sin competencia para ello, mediante el decreto Nro. 891, el intendente Carlos Fernando Arroyo y su polémico secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, modificaron el convenio marco, que forma parte de la ordenanza Nº17.736/ 2006, por el cual se establece el cobro de créditos personales mediante retención de liquidación de haberes de agentes municipales.
Las modificaciones introdujeron en la cláusula sexta de dicho convenio un sugestivo plazo de 90 días para entregar el importe de las cuotas – retenidas mensualmente a los empleados – a la empresa Red de Prestamos S.A., que no solo es la única entidad financiera autorizada para otorgar créditos, sino que tampoco casualmente preside Esteban Giri, hermano del influyente y estrecho colaborador del hombre del impermeable azul: Emiliano Giri.
En línea con la retención del importe durante 90 días, en la cláusula séptima se incrementó del 1 al 4% el porcentaje que la entidad financiera debe pagar al municipio en concepto de gastos administrativos. También los gastos administrativos que debe cobrar Red de Prestamos por la implementación del crédito, en el inciso b de la cláusula cuarta, se elevaron del 5 al 6 %.
Según las fuentes consultadas, “las cuotas retenidas de esta forma ilegal, los fondos afectados, lo que se recauda en impuestos y otras entradas, serían puestas a trabajar y con el interés que se está pagando hoy en día, más del 50%, es que se logra afrontar “con recursos propios” los sueldos de los municipales sin recurrir a la “guita” o al descubierto del Banco Provincia”.
Roberto Latino Rodríguez
