Integrantes de las corporaciones profesionales, vecinales y Ongs que participan de la elección de los Defensores del Pueblo se movilizaron, este jueves, hacia la sede de dicho organismo, ubicado en Belgrano entre San Luis y Mitre, a fin de montar un escenario mediático bajo la consigna “No al vaciamiento de la Defensoría Pueblo” para manifestar el reclamo por la “inmediata devolución del presupuesto a la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón y la cobertura de los dos puestos vacantes”.
Cabe traer a colación que en el marco de la Audiencia Pública por el presupuesto municipal 2021, el representante de las ONGs en la Defensoría, el ex gremialista Daniel Barragán, había planteado dicho reclamo, advirtiendo a las autoridades municipales que “si no nos devuelven el presupuesto tendremos que cerrar la Defensoría”.
También es importante poner en contexto el último escándalo protagonizado por el representante de las sociedades de fomento, Luis Salomón, quien fue suspendido de su cargo hasta fin de año sin goce de sueldo, luego de agredir a policías e inspectores municipales que iban a clausurar la despensa de un familiar, quien incumplía el horario límite para los comercios durante la cuarentena obligatoria.
Durante la última renovación de sus componentes, el órgano colegiado sin precedentes – heredado del último gobierno de Gustavo Pulti – se instaló en los medios nacionales como un papelón, que se judicializó cuando Leonardo Dorsch, Juan Aiello, Alejandro Fuscaldo, Claudio Jaime y Ricardo Saracino, quienes se habían postulado por las ONGs, denunciaron que el padrón de entidades con la posibilidad a votar fue recortado por el Concejo Deliberante, para favorecer a quien fue secretario general de la CTA durante 12 años.
Por su parte, el defensor saliente Walter Rodríguez, tras haber fracasado en su intento de revalidar la representación del fomentismo, acusó a concejales del FpV y de Acción Marplatense de haber operado en su contra, coronando con otro escandálate el carácter irrepresentativo de una institución atravesada por los intereses en juego que laten en una soterrada lucha política.
“En el Derecho comparado no hay antecedentes de una Defensoría del Pueblo colegiada. El defensor del Pueblo debe ser un ciudadano o ciudadana que podrá contar con colaboradores (adjuntos o secretarios) que disponga la legislación. No tiene sentido un órgano colegiado toda vez que la defensa y protección de los derechos de la sociedad no puede depender del acuerdo de un órgano sino de la decisión ejecutiva y rápida de quien esté a cargo”, planteó por entonces, el presidente del bloque de diputados provinciales de Cambiemos, Maximiliano Abad, después de la escandalosa elección del representante de las ONGs, que incluyó la intervención judicial, trascendiendo los confines del Partido de General Pueyrredón.
El mismo legislador reconoció que “el sistema actual de elección de los Defensores del Pueblo nada tiene que ver con la representación que debe ejercer ese funcionario. Debemos caminar hacia una Institución que represente al pueblo y no sectorialmente a algunos estamentos”.
No obstante, el viento se llevó las palabras cargadas de oportunismo, pues en los hechos no hubo ninguna iniciativa legislativa concreta para “caminar hacia una Institución que represente al pueblo y no sectorialmente a algunos estamentos”, que vuelven a protagonizar una puesta mediática.
La Ordenanza original que fue presentada en el Concejo Deliberante en el 85’, estuvo 6 años sin poder generar los consensos necesarios para ser aprobada, y una vez sancionada transcurrieron 11 años sin que se pudiera poner en funcionamiento al Defensor. Pero el “tribuno del pueblo” se diluyó desde el mismo momento en que se puso en marcha, a través del sistema de elección representativo de un grupúsculo de electores, provenientes de las corporaciones profesionales, vecinales y paraestatales.
Ante la falta de consenso entre los concejales para dirimir cuál de los tres funcionarios electos sería el Defensor, relegando a los restantes a la condición de Adjuntos, y después de varios intentos fallidos, en la sexta sesión especial del 1 de octubre de 2013, Acción Marplatense, a la sazón partido gobernante, con el voto del Frente para la Victoria y el concejal Hernán Alcolea, finalmente transformó la “Defensoría del Pueblo” en un órgano colegiado y desembozadamente corporativo.
