A consultoras y abogados vinculados a funcionaros del actual Gobierno. La fiscal Gabriela Boquín exigió que se acuerde el pago de la deuda con el Estado.
Aca no pasó nada”, había asegurado el presidente Mauricio Macri hace más de dos años cuando le ordenó a Oscar Aguad que vuelva a “foja cero” el acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri por el Correo Argentino. Pero un nuevo dictamen de la fiscal general Gabriela Boquín alerta sobre desvíos irregularidades, un “vaciamiento progresivo” y exige que la causa deje de ser dilatada.
Según el dictamen al que accedió BAE Negocios, mientras la empresa de la familia del mandatario aún adeuda al Ejecutivo un monto que equivalía a $300 millones que arrastra hace 18 años, Correo Argentino SA benefició a consultoras, estudios jurídicos y ejecutivos por casi $35 millones a pesar de no tener actividad comercial.
Los presuntos pagos irregulares fueron detectados por la fiscal ante la Cámara Comercial y surgen de la lectura y estudio de los libros contables de la compañía. “En la administración de la concursada existieron pérdidas de activos líquidos inexplicables y sin justificación apropiada considerando que desde ei 19/11/2003 ésta no registra actividad”, explica Boquín en el dictamen.
Denuncia un “vaciamiento progresivo” a través del cual la compañía habría desviado sus millones a un círculo reducido de personas y empresas vinculadas a ellos mismos cuando ese dinero debía destinarse al pago de la deuda con elEstado, sostiene la fiscal. Y no sólo los beneficiados mantenían una relación, sino que además de las sumas que recibían, eran apoderados de los acreedores de Correo Argentino.
Algunos de ellos son funcionarios del actual Gobierno o cercanos a ellos, como el hermano del diputado Pablo Tonelli que dirige el estudio de abogados Tonelli y que recibió alrededor de $4 millones en concepto de honorarios profesionales por el concurso de acreedores, entre 2004 y 2007; una parte de los$14.386.053,68 con los que se recibieron nueve estudios jurídicos.
El legislador fue uno de los principales críticos de Boquín cuando frenó el acuerdo entre el Ejecutivo y Correo que garantizaba una quita del 98% de la deuda.
Por Tonelli y otros que ocupan cargos públicos, la fiscal solicitó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que investigue el accionar de los mismos que deben intervenir en la negociación con Correo Argentino SA y que al mismo tiempo integraron la compañía de la familia Macri.
El mayor apuntado de los funcionarios es el secretario de Modernización, Andrés Ibarra, quien tiene potestad de intervenir en el caso y quien designó a los abogados que representan al Estado en las demandas que Correo le inició al propio Estado por sumas millonarias. Fue director suplente, director titular y apoderado de la empresa.
El estudio Kleidermacher se llevó el mayor monto: una suma de más de $9 millones, una parte entre julio de 2004 y diciembre de 2005 y la gran mayoría entre enero de 2006 y mayo de 2015. Jaime Kleidermacher es uno de los históricos abogados de la familia presidencial.
El actual secretario de Legal y Técnico de Mauricio Macri, Pablo Clusellas integra la empresa es Romero Zapiola & Clusellas y es otra de las contratadas por la compañía por $120.082 entre julio 2004 y junio 2005, y por otros $130.855 entre agosto 2005 y marzo 2007 por asesoramiento en temas legales de recursos humanos.
Otro caso llamativo es el del estudio que dirigen Jaime Cibilis Robirosa como Sebastián Castro Cranwell que integraron los directorios de Correo Argentino y Socma Americana
De acuerdo al dictamen de la fiscal Boquin, cuatro consultoras también entraron en el esquema de desvíos sin justificación de la familia Macri. Entre ellas, Doris Capurro (también relacionada a Kleidermacher) y cuatro empresas vinculadas: Supergol S.A, Be Good S.A, Optimedia Internacional S.A y Capurro S.A. En conjunto, entre 2004 y 2007, recibieron $1.121.373 de Correo Argentino SA.
Ademas la empresa Logística de Avanzada S.A recibió casi $5 millones del Grupo Macri entre noviembre de 2003 y febrero de 2004. Dos de los miembros de la compañía fueron a su vez directores de Correo Argentino SA.
En julio de 2018 se desató un escándalo por el acuerdo de la deuda con entre la empresa y el Ejecutivo ya que Boquín había advertido sobre el perjuicio millonario para el Estado de lo propuesto por Correo, por lo que fue anulado.
Los libtros contables de otras empresas del Grupo Macri, Socma y Sideco, serán investigados por la fiscal para determinar si se desviaron fondos de Correo Argentino SA a las compañías del holding. Boquín sospecha que Correo financia gastos de estas otras compañías de la familia del presidente.
