Con constantes cambios, negociaciones a contrarreloj, ausencias y abstenciones, Diputados selló el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. La norma que si o si necesitaba los dos tercios, obtuvo 159 votos a favor, 85 en contra y 5 abstenciones.
Como se mencionó anteriormente, el PRO apoyó el veto, a excepción de Álvaro González y el cordobés Héctor Baldassi, ambos votaron en favor de la Ley.
Apenas comenzó la sesión, ya se revelaron algunos votos de Legisladores que responden a Gobernadores. Del mismo modo, se notaron varias ausencias y abstenciones, ambas necesarias para el Gobierno Nacional para así garantizar el veto.
Entre tanto, a la oposición le faltaron cuatro Diputados, aunque si hubiesen contado con los Legisladores raciales hubiesen llegado, y al oficialismo le sobraron tres.
A modo de misterio, faltaba lo que iban a hacer los Diputados que responden al Gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, finalmente votaron en favor del veto, confirmando que están cada vez más alineados con el oficialismo. Estos tres Legisladores votaron en contra de esta Ley cuando se sancionó por primera vez en agosto.
En contraposición, las dos Legisladoras del bloque Producción y Trabajo que responden al Gobernador de San Juan, Marcelo Orrego se revelaron y votaron en rechazo al veto. “Es por convicción”. Una de ellas da clases en la universidad, y la otra en plena campaña electoral defendió a rajatabla la educación pública. Las dos se ausentaron en la votación de agosto.
¿Qué hicieron algunos Legisladores?
Del mismo modo, los Diputados que responden al Gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua cambiaron su voto. Es que en agosto, votaron en favor de la Ley de Financiamiento Universitario, y ahora se abstuvieron. Sin embargo, uno de ellos dejó entrever que votaría en contra del veto, mientras que sus compañeros de bancada dijeron que se había “cortado” solo, optando por la abstención y favoreciendo al Gobierno de Javier Milei.
Del lado de los 5 radicales, tal como anticipó Clarín, ya habían votado en contra de la Ley de Movilidad Jubilatoria, esta vez fueron 4 que votaron en favor del veto. Ellos son Luis Picat, Mariano Campero, Martín Arjol y Federico Tournier. Cuando se discutió por primera vez esta Ley, Arjol y Tournier votaron en favor de la Ley, y Picat y Campero se ausentaron.
Entre tanto, el otro radical libertario, Pablo Cervi que también había votado en favor de la Ley de Financiamiento Universitario ahora se abstuvo.
Por otro lado, los Legisladores que responden al Gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal dieron un giro de 180°, es que en agosto los dos habían votado en favor de la Ley, y ahora uno ellos, José Luis Garrido votó en contra de la normativa y su compañero, Sergio Acevedo acompañó la Ley.
Sin embargo, la cantidad de ausencias no calculados aumentaron notablemente.
Del mismo modo, hubo ausencias por motivos de fuerza mayor, que ya se habían avisado como Ricardo López Murphy (Encuentro Federal), Fernando Carvajal (UCR), Oscar Zago (MID) y Héctor Stefani (PRO).
Pero de acuerdo a lo que adelantó Clarín, en la noche del martes, se sumó la ausencia de la Legisladora por Córdoba, Alejandra Torres de Encuentro Federal, y cuando inició la sesión se sumó el Diputado por Chubut, Jorge Ávila, que responde al Mandatario chubutense, Ignacio Torres. Según lo que informó su entorno se ausentó por problemas de salud, pero ya había dicho que votaría en favor de la Ley.
Del lado de Unión por la Patria (UXP), la ausente fue la Legisladora catamarqueña, Fernanda Ávila, que también responden al Gobernador, Raúl Jalil. Los otros tres peronistas de dicha provincia estuvieron y votaron.
Mientras que del lado de Innovación Federal no votó la Diputada salteña, Yolanda Vega, aunque si estaba en el recinto, pero desde el bloque indicaron que se descompuso minutos antes de la votación.
A favor y en contra
“¿Si el resto del sector público perdió un 50% con la inflación por qué la comunidad universitaria perdió un 6,8%? Esconde esta decisión de desfinanciamiento una voluntad política de entender que no quieren sostener un sistema público universal y gratuito”, dijo el titular de la bancada de la UCR, Rodrigo de Loredo.
“El Presupuesto que prorrogaron en el Artículo 130 prevé que el 1,33% del PBI tiene que estar dedicado exclusivamente al financiamiento educativo. Es falso que esto pueda quebrar la educación del equilibrio fiscal, porque el 0,14% que prevé la Oficina de Presupuesto del Congreso equivale el 10% de superávit primario. Es más, están rudimentariamente falso que los últimos acercamientos de propuestas que hace el Gobierno prácticamente emparda lo que dicen que quiebran las finanzas”.
Germán Martínez, jefe de la bancada de UXP denunció “aprietes” por parte del Gobierno y “algunos Jefes territoriales”, luego de hacer mención a la caída de las transferencias a algunas provincias, sostuvo: “¿Dónde está el negocio? No estamos discutiendo ni una rotonda, y ni una ruta, sino el futuro de nuestro hijos y de nuestros nietos, y algunos todavía están en el chiquitaje”.
Por el lado de Miguel Ángel Pichetto, jefe de bloque de Encuentro Federal cuestionó duramente al Gobierno de Javier Milei: “creen que ganan, pero en realidad están perdiendo”. “Es un barco sin luces, un tren que no llega a ninguna estación, una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de cierto bienestar, una empresa de demolición. ¿Cuál es el plan?”
Cristian Ritondo, jefe de bloque del PRO justificó el apoyo al veto: “celebramos que hayan aceptado el 6,8% retroactivo al mes de abril como la garantía salarial. Esto significa una suba a los ingresos de los docentes y no docentes que menos ganan. A pesar de las demoras es un buen comienzo, y hay que definir en el marco del debate del Presupuesto 2025 la prioridad que tiene este Congreso sobre las universidades, los docentes y la educación pública”.
¿Qué decía la Ley?
Lo que se aprobó en agosto, y ayer se ratificó el veto implicaba actualizar el presupuesto al inicio del ejercicio del 2024, por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2023, y reactualizarlo cada dos meses por inflación, previo descuento de los aumentos que ya se otorgaron durante el año.
Del mismo modo, se le pide al Gobierno “recomponer los salarios de los docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre del 2023 y hasta el mes de la sanción de la Ley y por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC”.
A su vez, sostiene que “desde el mes siguiente a la sanción de la Ley hasta el 31 de diciembre del 2024 deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación”.
Por último, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el proyecto tiene un impacto para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalente a 0,14% del PBI”.
