Sin lugar a dudas, esta semana fue la pero para el Gobierno de Javier Milei, ya que ayer, el Senado aprobó la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. En Diputados rechazaron el DNU que envió el Ejecutivo, que habilitaba $100 mil millones en fondos reservados para la SIDE. De por sí, hubo un acuerdo de los Senadores de Unión por la Patria (UXP) y la Unión Cívica Radical (UCR) para avanzar con este proyecto que llegó de Diputados, allí también se sumaron los Legisladores del PRO y de otras fuerzas provinciales.
Mientras que el rol del miembro informante recayó en Mariano Recalde y Martín Lousteau. Entre tanto, el ex titular de Aerolíneas Argentinas dijo: “el sistema previsional esta en crisis como consecuencia de los errores económicos que hubo, por lo tanto el Estado debe hacerse cargo”.
Y adjuntó: “aprobar esta Ley es un acto de Justicia y de reparación. En el año 2015 los jubilados compraba 49 kilos de asado por año, actualmente 29. Es fundamental que reparemos esa perdida y este retroceso porque los y las jubiladas la merecen”.
Por otro lado, Lousteau dijo: “este proyecto ajusta a las jubilaciones de forma mensual por inflación para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo”, y “esto es muy importante porque las jubilaciones vienen perdiendo desde el año 2017”.
La crítica de Lousteau
Más allá de que hubo votación a favor en general, Lousteau enfatizó en que “las privatizaciones de las jubilaciones, fue uno de los grandes problemas que tiene el sistema previsional, pero también debo decir que fue su partido que hizo esto y que una de las voces públicas para defender la privatizaciones de los fondos de pensiones está sentada a su derecha y es de su propio partido, entonces enhorabuena que piense distinto, pero el descalabro ocurrió cuando el peronismo gobernaba y esa década liberal es eternamente del peronismo. La privatización de los fondos de pensiones y de YPF es del peronismo”.
Por otro lado, hubo Senadores que plantearon modificaciones, principalmente en el artículo que refiere a la cláusula gatillo anual, que se aplicará de forma automática, siempre y cuando los salarios hayan subido más que la inflación, y esa diferencia será del 50%. Los Legisladores radicales, Vischi y Zimmerman solicitaron que ese porcentaje fuese del 25%, pero no lo aceptaron los miembros informantes.
De igual forma, no contaban con el apoyo necesario y eso se reflejó en la votación individual. Es que la normativa tiene 13 artículos, y el oficialismo perdió en cada una de ellas, además también perdieron en los artículos claves. En pocas palabras, perdieron por dos tercios.
Vale decir que la votación en particular que finalizaron con algunas de las partes, ya sea positivo o negativo, con más de 48 votos, significa que se lograron los dos tercios.
En primer término, el artículo 1 se aprobó con 60 votos a favor y 0 negativos; el 2 que pidieron modificaciones se aprobó 49 a 20, es decir dos tercios; el 3 fue 61 a 8; el 4 49 a 20; el quinto 67 a 2; los artículos 6,7,8 y 9 tuvieron 68 votos a favor y uno en contra; el artículo 10 se aprobó con 54 votos a favor, 11 negativos y 4 abstenciones, y por último, los artículos 11, 12 y 13 se aprobaron con 68 votos a favor y uno en contra. En todo este mecanismo, no estuvo presente la titular del Cuerpo, Victoria Villarruel.
El veto de Javier Milei
Entre tanto, el Presidente, Javier Milei ya confirmó que la vetará.
También hay que decir que esta Ley indica una actualización mensual en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que activó el Ejecutivo.
Del mismo modo, también incorpora un plus del 8,1%, ya que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación que hubo en enero. Con este “plus”, el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor. El Gobierno lo quería pactar a partir de julio, pero la oposición, lo solicitó retroactivo a febrero.
Para que esta actualización de la canasta básica no quede desactualizada, se introdujo el 1,09%, porcentaje que tampoco apoya el Gobierno de Javier Milei, pero “aliados” al oficialismo indicaron que “a Diputados se les fue la mano”. Sin embargo, la Cámara Baja agregó de forma anual un adicional de un 50% de la variación entre el RIPTE (promedio de los salarios) y el IPC, para así mejorar las jubilaciones en un contexto de crecimiento económico. Con este precepto, el IPC no será un techo para los haberes, punto que tampoco apoya el Ejecutivo.
Por último, en el debate de Diputados, un punto que se priorizó fue el pago de los juicios sobre el reajuste de haberes y de las deudas de las cajas previsionales provinciales (13 distritos no la transfirieron a la Nación), con los fondos de la ANSES, pero no tocando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), por lo cuál, se pagarán con los tributos que tienen asignaciones específicas para la ANSES, como el Impuesto al Cheque, PAÍS y el IVA. Mientras que para el Gobierno, significa el final del déficit fiscal. Al mismo tiempo, en el transcurso de la sesión ordinaria, se aprobó y giró a Diputados el proyecto que “impone prisión de 5 a 15 años al que reciba y a quién entregue ilegítimamente a una persona menor de edad, mediano o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.
