Como se mencionó anteriormente, el Gobierno Nacional va a apelar el fallo de la Jueza neoyorquina de Primera Instancia, Loretta Preska, que sentenció entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago de los 16.100 millones de dólares, más los intereses que le debe al fondo Burford Capital, por la expropiación de la petrolera estatal.
Esto lo confirmó el propio Presidente, Javier Milei, quién nuevamente a través de su cuenta de X, cruzó al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: “independientemente de la cuestión de fondo, es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof, cuando era ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada Cristina Kirchner”.
“Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”, adjuntó el Primer Mandatario, quién al mismo tiempo tiene como adversario político de cara a los comicios legislativos al Gobernador Bonaerense.
Unas horas más tarde, la Jueza Preska condenó al Estado argentino a transferir acciones de YPF al Fondo Bainbridge Fund, que ya tiene una sentencia a su favor de US$95 millones de dólares más intereses por la deuda que se defaulteó en el año 2001.
Sin lugar a dudas que esta sentencia de la Jueza Preska cayeron pésimo en Casa Rosada, y que a su vez, alimentan las tensiones políticas a nivel local, faltando tres meses para las Elecciones Generales.
Los argumentos de los abogados del Estado argentino
Pero, a partir del año 2012 cuando se expropió YPF, siempre se conservó la misma línea argumental en los cuatro Gobiernos que hubo (el de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y el propio Milei). Es que los abogados que defienden a la República Argentina sostienen cuatro puntos muy importantes:
- Que la expropiación de YPF fue una “decisión soberana” y que, como tal, puede ser juzgada en los Estados Unidos sino en la Argentina.
- Que el Artículo 17 de la Constitución Nacional está por encima del Artículo 7 del estatuto de YPF.
- Que la petrolera es una empresa privada que funciona como sociedad anónima, aunque tenga al Estado como accionista mayoritario.
- Que aunque YPF cotice en la Bolsa de Nueva York, su sede es Buenos Aires.
“La Argentina puede apelar esta decisión sin antecedentes de la Jueza Preska, al punto tal que hasta el Departamento de Justicia de Estados Unidos había apoyado un escrito de postura de la defensa argentina. La propia Jueza, o en su caso la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, deberían suspender los efectos de la orden de Preska hasta que se resuelva su apelación”, sostuvo el ex Subprocurador del Tesoro, durante el Gobierno de Alberto Fernández, Sebastián Soler, antes de que se conozca la decisión del Jefe de Estado.
Es más, el ex funcionario recordó que “el Artículo 10 de la Ley 26.741 que habilitó la expropiación de YPF, prohíbe al Gobierno transferir las acciones expropiadas sin la previa aprobación del Congreso de la Nación”.
¿Cómo continúa el juicio de YPF?
Hay que decir que, este juicio comenzó en el año 2015, luego de el Fondo Burford Capital por 15 millones de dólares los derechos de litigio de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora (donde la familia Eskenazi se declaró en la quiebra), tuvo varias instancias. En ese sentido, la Justicia de los Estados Unidos se declaró competente para actuar y es por eso que, condenó a la Argentina a pagar a los demandantes.
De todas formas, el Estado argentino apeló este fallo en septiembre del 203, cuando a partir de ese entonces comenzaron a circular los intereses. En esa oportunidad, se negó poner como garantía las acciones de YPF, tal como lo ordenó la Jueza. Ahora está obligado a pagar con ese 51% dentro de los próximos 14 días y depositarlos en una cuenta custodia en el Bank Of New York Mellon.
Como se dijo previamente, el Estado argentino nuevamente apelará la decisión de Preska, y no está dispuesto a pagar nada hasta que la Cámara de Apelaciones ratifique o rectifique el fallo, algo que puede durar hasta el 2027.
De hecho, diversos ‘lobistas’ de Burford Capital que fueron enviados a Buenos Aires este último año y medio para tratar de encontrar un camino de negociación con las autoridades locales, que, entienden que son más amigables con el mercado y quieren llegar a una solución razonable lo antes posible.
Una negociación extrajudicial
Por otro lado, Burford está dispuesto a resignar varios millones de dólares con una negociación extrajudicial, con tal de cobrar. Sin embargo, hay un condicionamiento que es que, los funcionarios locales puede ser pasibles de juicios penales si aceptan pagar antes de que falle la Cámara de Apelaciones.
De todas maneras, YPF S.A. se mantiene al margen de los efectos del caso, que, a su vez esta excluida por la propia Preska en marzo del 2023. Es que la condena es contra su socio mayoritario, el Estado argentino y no contra la empresa, aunque desde hace dos años existe el rumor de que la Jueza la vuelva a incluir como castigo a la Argentina.
Pero, de todos modos, esto golpeó el valor de YPF, que ayer cayó 5,6% en Nueva York en estos primeros siete meses del año perdió 5.400 millones de capitalización bursátil.
Repsol y los Eskenazi
Debemos decir que, el grupo Petersen tenían un 25% de las acciones después de dos operaciones en 2008 y 2011; los Eskenazi entraron después por orden del ex Presidente, Néstor Kirchner, como modelo de “nacionalización” de los accionistas privados; ya habían tomado tres préstamos por un total de US$2.703 millones de dólares, que iba a repagar con las ganancias que fuera sacando de la petrolera. En ese oportunidad, los bancos fueron Credit Suisse, Goldman Sachs y el Citibank.
Pero, eso se cortó cuando a fines del 2011, durante el Gobierno de Cristina Kirchner dispuso la creación del cepo y le prohibió a las empresas el giro de dividendos. Medio año después se estatizó YPF.
A raíz de esta decisión, y ante las necesidades financieras crecientes, en el año 2014, la Argentina acordó con Repsol pagarle con bonos de 5.000 millones de dólares, más los intereses por expropiación.
Mientras que en caso de Petersen, cuando YPF se nacionalizó, la empresa prohibió los dividendos, lo que derivó en que los Petersen declararan la quiebra al no poder pagarle a los bancos.
De igual manera, la quiebra de las empresas Petersen recayeron en el Juzgado de lo Mercantil N°3 de Madrid, que nombró un Síndico y subastó el derecho a litigar.
El rol de Burford Capital
Es más, en la subasta pública, Burford Capital, una compañía que se dedica a comprar juicios para luego financiar los litigios, la elige el Síndico ya que el grupo Petersen carece de los recursos, el capital y la experiencia necesaria para llevar adelante un pleito caro, complejo y largo. Burford Capital también financia el pleito de Eton Park (una empresa de inversiones de Nueva York). Petersen y Park eran el segundo y tercer mayor inversor de YPF.
Por último, Burford Capital ganó la subasta y fue designado por el Tribunal español para gestionar y financiar el litigio con el mayor fallo contra un Estado: US$16.000 millones de dólares.
