“Van a tener muchos líos. Esta reforma laboral tiene violaciones a conceptos de carácter constitucional y a la vuelta de la esquina se van a chocar contra la montaña”, sostuvo uno de los co-secretarios Generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola (Seguros), al sugerir que van a judicializar esta iniciativa, en caso de que se convierta en Ley sin cambios respecto a la normativa oficial que se presentó en el Congreso.
De igual modo, el referente gremial sostuvo que insistirá en dialogar con los Legisladores para que modifiquen algunos puntos que atentan contra los trabajadores y el poder sindical: “la hoja de ruta ahora es empezar a preguntar a Senadores que aceptaron tener una mirada con nosotros; son muchos y de distintos sectores”, expresó Sola en declaraciones a Radio Rivadavia.
Mientras que el equipo de abogados de la central obrera comenzó a analizar esta reforma laboral para definir que estrategia jurídica llevarán a cabo, si esto finalmente se aprueba en el Parlamento.
Hay que decir que este equipo de letrados es el mismo que impugnó el DNU 70 a finales del 2023, y que hizo que la Justicia hiciera lugar al amparo que presentó la CGT, y que se declarara inválido el capítulo laboral de este Decreto.
Por otro lado, uno de los artículos que forman parte de esta impugnación por parte de la central obrera, es el Artículo 88, que limita el derecho a huelga en el transporte, la educación, la salud, entre otros rubros. Y para hacer se fijan mínimos de actividad en caso de las huelgas: 75% en aquellos servicios considerados esenciales y 50% en los servicios trascendentales.
Aquí se detallarán las actividades que se consideran esenciales
1- Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos;
2- La producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas, petróleo y otros combustibles y energía eléctrica;
3- Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales;
4- La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y los servicios portuarios;
5- Los servicios aduaneros y migratorios y demás vinculados al comercio exterior;
6- El cuidado de menores y educación de nivel guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial;
7- El transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin; y
8- El servicio de recolección de residuos.
Entre tanto, aquellas que el Gobierno de Javier Milei considera como trascendentales son las siguientes:
1- La producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios;
2- El transporte terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que utilicen para tal fin;
3- Los servicios de radio, televisión;
4- Las actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y actividad cementera;
5- La industria alimenticia en toda su cadena de valor;
6- La producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor;
7- Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y comercios electrónico; y
8- La producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectadas a compromisos de exportación.
La judicialización del DNU 70
De todos modos, este artículo que además estaba incluido en el DNU 70 y que fue uno que fundamentó la invalidez constitucional que dictó la Justicia. De acuerdo a la central obrera, esa reglamentación del derecho a huelga, es más restrictiva que la que fijó el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Es por eso que, la reglamentación del derecho a huelga la va a volver a impugnar la CGT, y además hay especialistas que están vinculados al mundo del trabajo que cuestionan este punto: Uno de ellos es el ex titular de la cartera laboral durante el Gobierno de Mauricio Macri, Jorge Triaca, que en una entrevista con el diario La Voz del Interior, opinó que este polémico artículo podría derivar en la judicialización de la reforma laboral. Y posteriormente admitió que podría surgir esa posibilidad: “La redacción actual me parece difusa y menos clara que los antecedentes existentes, lo cuál podría generar una mayor judicialización”.
Del mismo modo, Triaca subrayó que el proyecto oficial “tiene cosas positivas y aclaratorias que reducen la judicialización, pero hay muchas otras escritas de una manera que generan incertidumbre”. Y precisó: “hay tres o cuatro temas donde hay que poner el zoom. Uno es la discusión de la ultractividad y su sustitución, lo cuál habilitaría la discusión de más de 1.700 convenios que hoy están vigentes. También está el tema de la prelación de los convenios: Si los convenios por empresa van por encima de los nacionales o regionales. Todo eso suena bien, pero en términos operativos, si uno no tiene experiencia en la relación con organizaciones gremiales se vuelve difícil. Hay que estar equilibrado; si el sistema no es equilibrado, deja desguarnecidos a los trabajadores o genera imprevisibilidad al empleador; y así no se genera más trabajo ni formalización”, cerró Triaca.
