Con 221 inscriptos entre representantes de instituciones y otros a título personal, que dispusieron para exponer hasta tres minutos por streaming, se desarrolló en el recinto del Concejo Deliberante, la Audiencia Pública para debatir el nuevo pliego de bases y condiciones del Transporte Publico.
Los planteos se centraron mayoritariamente en la necesidad de crear una línea municipal de transporte que sincere el costo del boleto plano, de la estricta fiscalización de las frecuencias y horarios de los micros, de garantizar mecanismos antimonopólicos y mayor cantidad de unidades con pisos bajos para personas con movilidad reducida, el acortamiento del plazo de concesión, la extensión del boleto plano a todo el distrito de General Pueyrredón, y el reclamo unánime de que estas y otras inquietudes no caigan en saco roto, y se vean plasmadas en un pliego ceñido a las necesidades del usuario y acotado en el plazo de concesión.
Desde la Federación de Trabajadores de la Industria, la Energía y los servicios de General Pueyrredón, Sergio Salinas Porto hizo hincapié en la “necesidad de una empresa municipal testigo que “vaya marcando el costo real y el precio justo que debe tener el boleto de colectivo, que hoy es excesivo y solo beneficia al segmento empresarial; además, necesitamos que se haga real la fiscalización de las frecuencias de horarios”.
A su turno, el Defensor del Pueblo, Daniel Barragán, además de plantear como la mayoría de los participantes la necesidad de una clausula antimonopólica y la reducción del plazo de concesión, hizo hincapié en que “hay que cambiar el paradigma de la tarifa, que hoy está vinculada a los kilómetros recorridos porque no puede ser que quien vive en cualquier extremo del partido tenga que pagar más el boleto, todo el distrito tendría que tener una tarifa plana, que permita acceder a cualquier punto de la ciudad con el mismo precio del boleto”
Por su parte, su par en la Defensoría del Pueblo, Fernando Rizzi, reclamó que “los tres grupos empresariales suban el porcentaje a un 30 o 35 % de unidades con piso bajo al inicio de la relación contractual porque, de cumplirse con lo que dice el pliego, recién a los 10 años habría una alternancia de un micro con piso bajo y un piso con piso común”.
En línea con los planteos de la Defensoría del Pueblo, el titular de la CGT Regional Mar del Plata, Miguel Guglielmotti pidió que “los reclamos y sugerencias Partido Obrero, Alejandro Martínez, sostuvo que “el pliego de bases y condiciones está hecho a medida del actual grupo empresario que detenta el servicio y es imposible que otro grupo pueda competir con ellos. Tampoco es nuestra intención representar los intereses de otro grupo empresario, sino que queremos abrir el debate sobre la necesidad que se estatice el servicio de transporte público de pasajeros de Mar del Plata y Batán, bajo el control de los trabajadores”.
En tal sentido, señaló que “se están recibiendo alrededor de mil millones de pesos de subsidios para sostener el transporte, y estos fondos tranquilamente podrían ser destinados directamente al mejoramiento y a la reorganización de un servicio público estatal y bajo el control de los trabajadores y en beneficio del usuario”.
En tanto que el representante del Foro del Transporte, Francisco Montaneli, planteó que la administración municipal se ajuste a la normativa vigente con la aplicación de la ordenanza 6979/87, que establece: Crear la Sociedad Transporte Colectivo de Pasajeros Mar del Plata Sociedad de Estado, destinada a elaborar las propuestas políticas respecto del transporte público, planificar la implementación del servicio, proyección urbanística, etc.
“Seguimos cuestionando este tipo de pliegos que desconocen a la Sociedad de Estado como autoridad de aplicación y creemos que se debe retomar esta ordenanza que faculta a la misma, desde hace más de 30 años, para gestionar el transporte y realizar las concesiones que considere oportunas”, sostuvo Monateneli.
