El Juzgado Federal de Mar del Plata Nº3 dispuso la elevación a juicio oral de la causa de los choferes fantasmas que se les sigue a los empresarios del transporte Juan María Inza Decaux (36), Carlos Málaga (74), Juan María Inza Irisarri (79), Diego Hernán Basílico (41) y Federico Pomero (44), imputados como coautores del delito de «defraudación a la administración pública».
Asimismo se solicitó el resarcimiento por el perjuicio ocasionado a los trabajadores y sus familias con esta maniobra, la devolución de los subsidios percibidos irregularmente, «por 16.209.680,47 pesos», para supuestos servicios de refuerzo durante la temporada de verano 2016, a través de contrataciones falsas de 357 choferes de micros, quienes en su mayoría eran desocupados y habían dejado currículums en las empresas. Y que dichos fondos sean destinados a mejorar la calidad del servicio transporte público en beneficio de los usuarios.
Además, se abre una etapa de investigación sobre la responsabilidad penal de miembros de la UTA y de los funcionarios municipales, provinciales y nacionales de turno, que intervinieron facilitando el pago de los subsidios en forma ilegal.
La maniobra salió a luz cuando esos “choferes fantasmas” advirtieron en la Justicia el hecho al enterarse cuando fueron a cobrar la Asignación Universal por Hijo que no les correspondía el beneficio por ser empleado y cobrar “20 mil pesos por mes”.
