El pasado viernes, el Presidente, Javier Milei anunció el veto total a la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria que aprobó el Congreso. El argumento de este veto es mantener como hasta ahora el equilibrio fiscal. Finalmente hoy se publicó en el Boletín Oficial.
Cabe destacar que la Ley se aprobó el jueves de la semana pasada. Mientras que el título del proyecto se denomina: “Observáse en su totalidad del Proyecto Ley registrado bajo N° 27.756”, indica el texto del Decreto 782/2024.
Del mismo modo, el jueves la Cámara Alta aprobó este proyecto de Ley con 61 votos a favor y 8 en contra, que fueron de los Senadores de La Libertad Avanza (LLA) y la Legisladora del PRO por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero. Entre tanto, se abroquelaron los Senadores de Unión por la Patria (UXP), los radicales, el macrismo y los Legisladores que responden a los Gobernadores para votar en favor de los y las jubiladas.
Una vez que salió aprobada esta Ley, el Jefe de Estado embistió duramente contra aquellos Senadores y Senadoras que votaron a favor de este proyecto y los tildó de “basuras”. Y a su vez, el sábado, el Primer Mandatario comunicó que el veto sería total, por más de que su entorno quería convencerlo de que fuese veto parcial para así negociar con la oposición dialoguista algunos puntos.
“Yo voy a insistir que hubo un error conceptual. Yo me río de que el kirchnerismo realmente se ocupe de los jubilados cuando nunca le importaron, además ellos mismos trituraron las jubilaciones un 30%, y hoy están por encima del 5%”, sostuvo Milei en una entrevista con el colega, Luis Majul en LN+.
Posteriormente, el Primer Mandatario agregó: “el aumento que deriva de esta Ley significa un costo en términos del PBI de 1.2. Sin embargo, no es solamente un aumento de un año, sino para toda la eternidad. La Argentina, tiene una economía cuya tasa de interés promedio del 5%, lo que significa subir la toma de deuda en 24 puntos del PBI”.
Lo que dice el Decreto que vetó Milei
“El proyecto que sancionó el Honorable Congreso de la Nación es totalmente violatorio dentro del marco jurídico vigente. En tanto no contempla el impacto fiscal de la medida, ni tampoco determina la forma de financiarlo”.
“El Presupuesto de la Administración Nacional vigente para el Ejercicio 2024 en ejecución no contempla una partida que permita hacer frente al gasto que representaría para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) la medida adoptada mediante un proyecto de Ley sancionado”.
“Se tornaría imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por este Gobierno para el actual ejercicio y los siguientes”. A su vez, también destacó que “dar el cumplimiento a la medida que sancionó el Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la Argentina, ya que también significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar sus costos, sea mediante de deuda pública o aumento de Impuestos”.
“De la misma manera, implicaría un agravamiento del Estado de Emergencia en el cuál ya se encuentra el SIPA, conforme fuera declarado mediante Decreto N°70 del 20 de diciembre del 2023, así como la grave ruptura del equilibrio fiscal alcanzado gracias al esfuerzo de todos los argentinos y argentinas”, y que “lejos de contribuir a un efectivo cumplimiento de las supuestas finalidades que orientan la sanción del proyecto de Ley bajo examen, su promulgación traería consigo futuros incumplimientos”.
A su vez, el Gobierno de Javier Milei destacó que el proyecto vetado “padece graves deficiencias técnicas y operativas que ponen de relieve su manifiesta irracionalidad y las serias dificultades que presentaría su implementación”, y que “a lo largo del tiempo el aumento otorgado a los jubilados no representaría un reflejo de la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ni tampoco del aumento de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE)”.
“Para garantizar que el sistema de movilidad sea justo y equitativo es fundamental continuar con la movilidad jubilatoria establecida por el Decreto N°274/24, toda vez que el mismo garantiza por primera vez en décadas que los jubilados nunca más perderán contra la inflación, evitándoles el flagelo que han padecido en los últimos 22 años; y ello sin quebrar el equilibrio fiscal ni agravar la deteriorada situación del SIPA en el corto, mediano y largo plazo”.
Por otro lado, el Jefe de Estado “debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos previstas en el Presupuesto Nacional”.
Qué establecía esta Ley
El pasado jueves se votó que el haber mínimo no pueda estar por debajo del valor de la Canasta Básica Total (CBT) de un adulto equivalente, que se multiplica por 1.09. La CBT de julio fue de $291.471,73 por 1.09 da como resultado un total de $317.704,19. Y en en ese último mes, la jubilación mínima fue de $215.581, más un bono de $70.000, que dio un total de $285.581. Esa diferencia representa una mejora de los haberes mínimos.
Del mismo modo, los Senadores también votaron una suba de todos los haberes del 7,2% desde abril y una actualización jubilatoria mensual en base al IPC.
Pero, como esta Ley se aprobó con más de dos tercios de las dos Cámaras, las mismas pueden insistir con que salga esta Ley.
Por último, en este punto es muy importante la opinión de Macri, principalmente porque este (Macri) al día siguiente de la votación cuestionó a los Legisladores que votaron a favor de los y las jubiladas. Si el ex Presidente alinea a su tropa tanto en Diputados como en el Senado, será muy difícil que la oposición logre el contraveto.
