Como se dijo anteriormente, ayer por la tarde, el Vocero Presidencial, Manuel Adorni realizó una conferencia de prensa y anunció el cierre y reestructuración de la Dirección Nacional de Vialidad, un ente que dependía del Poder Ejecutivo, y que era el encargado, entre otras cosas de la realización y arreglo de las rutas nacionales.
En ese sentido, dicha conferencia comenzó con un vídeo que hacia un repaso de las acusaciones de corrupción, justamente en la Causa Vialidad, por la cual, la ex Presidenta, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y que en este momento cumple prisión domiciliaria.
Por otro lado, con esa introducción, el Portavoz recordó detalles de la investigación que llevó a la sentencia contra la ex Primera Mandataria, que como se dijo en el párrafo anterior cumple prisión domiciliaria. En ese punto, rememoró que el expediente se asentó en 51 contratos de la obra pública “con sobreprecios para el contratista Lázaro Báez”. “Hubo contratos públicos amañados, abandono de obras, ampliación injustificada de plazos”, dijo, y sostuvo que consta en la Justicia que “hicieron una maniobra administrativa para inyectarle liquidez a Vialidad. Un instrumento para la maniobra ilegal destinada a mover recursos”.
Luego de esa introducción, Adorni anunció esta medida. “El Presidente, Javier Milei, a través de un Decreto que se va a publicar mañana (por hoy), ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, y dos organismos más, la Comisión Nacional de Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, reiteró.
Y prosiguió: “la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) pasará a denominarse Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas relacionadas a la fiscalización de concesiones viales”.
¿Qué sucederá con las rutas?
“El Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas que tras décadas de despilfarro y corrupción se vieron degradadas”, resumió.
“Esto es una acta de defunción a la obra pública y por supuesto la firmó el Presidente de la Nación, Javier Milei”, subrayó el Portavoz.
Mientras que el funcionario subrayó el uso de las Facultades Delegadas que ejerció el Primer Mandatario y que justamente vencen hoy: “decían que aprobar las Facultades Delegadas era ilegal, darle ‘Superpoderes’ a un Gobierno reaccionario, que se vendía el país, armaron una tendencia en ‘X’. La realidad es que el Gobierno de Javier Milei es de los pocos desde el retorno de la Democracia que no solicitó ni decretó una prórroga a las Facultades Delegadas, como si lo hizo el kirchnerismo hasta el fin de su mandato. Hoy se horrorizan frente a un Gobierno que las necesita para reparar el daño que ellos causaron”.
“Son los mismos que miraron para el costado cuando el ex Presidente, Alberto Fernández declaraba la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que declaraba la Emergencia Pública y otorgaba poderes especiales al Ejecutivo, entre la creación de Impuestos como el Impuesto PAÍS”, agregó.
Y explayó: “en mayo del año 2021, el Gobierno anterior las usó para encerrar a los argentinos y argentinas con la pandemia como pretexto, dejar a los chicos sin clases, cerrar las actividades productivas, prohibir reuniones privadas. El Problema no es la herramienta, el problema es cómo se usa y para qué”.
Las Facultades Delegadas
Sobre ese punto, Adorni enfatizó que el Primer Mandatario utilizó la herramienta que justamente cae hoy para generar un alivio fiscal a las arcas del Estado. “Por primera vez las Facultades Delegadas se usaron para aliviar la carga fiscal que recaía sobre los bolsillos de los argentinos y argentinas. Los 65 Decretos delegados que se promulgaron en el último año implicaron un ahorro de 2 mil millones de dólares en gastos”, señaló el funcionario.
Más tarde, Adorni subrayó que el Primer Mandatario no intentó extender el plazo de los llamados ‘Superpoderes’. “El Presidente respetó la institucionalidad. Primero porque no se prorrogó, se cumplió estrictamente con el plazo de un año, y segundo porque su propósito fue implementar un plan de reformas para sacar a la Argentina de la decadencia”, declaró.
Los números y la función de Vialidad Nacional
Como se mencionó anteriormente, una de las tantas funciones de Vialidad Nacional es justamente realizar rutas nacionales, como así también arreglarlas. Del mismo modo, tras este anuncio, de la disolución de este Ente (Vialidad Nacional), el Gobierno de Javier Milei brindó datos del funcionamiento de la Dirección Nacional de Vialidad, que dejarán de estar bajo la órbita del Poder Ejecutivo. “El organismo presenta una dotación elevada y una configuración jerárquica extensiva que dificultan la toma de decisiones y restan agilidad a la ejecución de proyectos, los que redundan en altos costos operativos para el Estado Nacional”, precisaron a través de un comunicado Casa de Gobierno.
“Tiene una dotación total de 5.184 agentes, de los cuales 1.091 se encuentran en Casa Central y 4.053 agentes están asignados a los 24 distritos viales. De estos últimos, el 67% cumple funciones administrativas, técnicas o jerárquicas, y solo el 33% realiza tareas operativas en territorio, lo que evidencia su sobredimensionamiento administrativo”, indica el documento.
“Por ejemplo, se registra un largo (si se cuentan gerencias, subgerencias, divisiones y seccionales), cada 3 agentes; prácticamente un auto o camioneta por agente operativo; y maquinaria pesada (retroexcavadoras, fresadoras, palas mecánicas, topadoras, etc), cada dos agentes, lo que refleja una desproporción entre los recursos materiales disponibles y la capacidad para operarlos, afectando la eficiencia y asignación de dichos activos”.
¿Por qué disuelve Vialidad Nacional?
Del mismo modo, el Gobierno Nacional argumentó, para el cierre de este Ente que “otro ejemplo de desmanejo al que está habituado el organismo puede observarse en la contratación de personal, siendo que son empleados de este organismo la Secretaria Gremial del Sindicato de Trabajadores Viales de la República Argentina (STV), su esposo que es Secretario Adjunto, sus dos hijas y un yerno, siendo un ejemplo concreto de la casta sindical”.
Por último, cierra el documento: “la disolución de este organismo generará un ahorro anual estimado para el Estado Nacional de 100 millones de dólares, optimizando el mantenimiento de las rutas con una mayor participación del sector privado”.
